Santo Domingo, RD.- La Comisión Nacional Ciudadana de Protección al Derecho Legítimo a la Propiedad presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación y reconocimiento de propiedades vinculadas al Consejo Estatal del Azúcar y la administración General de Bienes Nacionales.
Según la denuncia, propietarios y adquirientes de buena fe han visto afectados sus derechos por redes internas que operarían en contubernio con supuestos oficiales militares y actores de instituciones como el abogado del Estado y el Ministerio Público.
“Hemos investigado que dentro de las mismas instituciones del Consejo de Trastornos de Azúcar, y del abogado del Estado, y del Ministerio Público, hay unas redes que están actuando en contubernio con supuestas herramientas militares”, dijo uno de los representantes presentes.
Aseguran que el señor Beato Germosén, junto a más de familias, muchas de ellas con más de 40 años de posesión, cuya tenencia fue aceptada por el IAD en gobiernos anteriores y regularizada ante el Consejo Estatal del Azúcar y la administración general de Bienes Nacionales, sin embargo, ahora los desalojan y sin previa notificación.
Se trata de la parcela identificada como 86-17-31, ubicada en Hato Nuevo de Manoguayabo, próxima a la entrada de Los Alcarrizos, en el municipio Santo Domingo Oeste.
Los denunciantes aseguran que, a pesar de presentar sus reclamaciones ante la Oficina del Abogado del Estado y el Ministerio Público del municipio, las gestiones no han sido atendidas y no se han emitido notificaciones al propietario afectado.
“No ha recibido notificaciones. Nada, no le han hecho ninguna notificación, ni se han notificado, ni han hecho una investigación de los oficiales documentos de la otra parte”, señaló el representante
Según la denuncia, más de 30 familias desalojadas en condiciones similares forman parte del mismo conflicto por tierras que, afirman, pertenecen al Estado dominicano.
Los denunciantes sostienen que existen registros históricos y actos de entrega de títulos desde administraciones anteriores. Citaron que, -los gobiernos de Leonel Fernández y Balaguer— respaldaron la condición de dominio público de esos terrenos.
Solicitud de intervención de autoridades
Los representantes hicieron llamado al presidente de la República, Luis Abinader. También a la procuradora general de República y al abogado del Estado para que eviten lo que calificaron como una “situación muy delicada”.
Asimismo, denunciaron que el supervisor general de la Policía en el municipio, se hace de la vista gorda; según la denuncia, no se ha acercado a verificar la situación. Esto a pesar de que le notificaron de la situación en el terreno.
Los denunciantes aseguran poseer la documentación y certificaciones que, según ellos, acreditan la posesión interrumpida y pacífica y la legitimidad de los títulos en favor de los afectados.
Ante esto, piden a las instituciones competentes que revisen los registros y actúen para resolver las reclamaciones de propiedad planteadas por las familias implicadas.