Tribunal ordena liquidación judicial de Falcondo
Santo Domingo. – El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) informó que la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, en funciones de Tribunal de Reestructuración y Liquidación, ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de Falconbridge Dominicana, S. A. (Falcondo).
Mediante la sentencia núm. 975-2026-SSEN-00005, del 4 de noviembre de 2026, el tribunal determinó que no existen condiciones para continuar con la reestructuración de la empresa, por lo que dispuso su liquidación judicial, conforme a la Ley núm. 141-15.
Esta decisión significa que Falcondo entra en un proceso supervisado por la justicia, durante el cual se identificarán sus bienes y deudas, y se determinará cómo serán atendidas las reclamaciones de sus acreedores, conforme a la ley.
Para estos fines, el tribunal designó al licenciado Alis Medina como liquidador judicial, quien asumirá la administración de la empresa en sustitución de sus actuales administradores y gerentes, bajo la supervisión del tribunal.
Las personas y empresas a las que Falcondo les adeude dinero deberán declarar formalmente sus créditos dentro del proceso judicial, siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley núm. 141-15. Para ello, dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles y francos, contados a partir de la primera publicación del extracto de la sentencia en la página electrónica del Poder Judicial.
Es importante que los acreedores estén atentos a esa publicación para presentar oportunamente sus reclamaciones y hacer valer sus derechos. La declaración de una deuda no implica su pago automático, pues cada reclamación deberá ser examinada y atendida conforme a las disposiciones legales aplicables.
El FONPER, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas para representar al Estado dominicano en Falcondo, continuará dando seguimiento al proceso judicial y ejerciendo las acciones que correspondan para proteger los derechos e intereses patrimoniales del Estado, con pleno respeto a las decisiones judiciales y a la legislación vigente.
