Santo Domingo, RD.
“Yo ni he sido narcotraficante ni he sido lavador”, justifica Miguel Arturo López, alias Micky quien el pasado año fue señalado de ser el cabecilla de una red de lavado de activos, ante los señalamientos de su vinculación con el diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, apresado en Estados Unidos por narcotráfico.
En una llamada vía telefónica al programa El Gobierno de la Tarde, López aseguró que tuvo una relación comercial en el año 2010-2011 con Gutiérrez Díaz, que consistía en comprarle facturas, por un porciento, de una industria de agregados que poseía el legislador y luego cobrarlas a las compañías que adquirían la arena y gravillas.
Indicó que hicieron muchos negocios pero la relación comercial se terminó porque en un momento no se despachó un agregado.
Dijo que, ante el impase, firmaron un pagare notarial, pero cuando le exige el crédito se realizan unas hipotecas judiciales a apartamentos y solares que tenía, a través de inmobiliaria La Hacienda.
“Qué pasa que él no reconoce el valor total porque subió demasiado en el tiempo con los intereses, y dice que esa negociación no fue así y que yo estoy haciendo una falsedad en el recuento del cobro. Me pone una querella que no procede”, dice.
Dice que en el año 2015 puso una rúbrica en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que sale positiva el ministerio publico archiva el caso porque no hay dolos. Luego en el 2019 el legislador vuelve a solicitar al Inacif otra pesquisa y dice que no hubo fraude.
Micky López indica que cuenta con todos sus documentos que prueban que él no pertenece a ninguna red de lavado producto del narcotráfico.
En julio del 2020 la Oficina Judicial de Atención Permanente de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva en su contra así como garantía económica y un brazalete electrónico, acusado de lavado de activos producto supuestamente del narcotráfico.
La medida fue variada en diciembre por prisión domiciliaria. De acuerdo a las declaraciones de López la variación se debió a que el ministerio público no tenía una investigación y procedió a pedir una prórroga de dos meses “automáticamente la ley le da para fuera al imputado”.