No cabe dudas que la manera irresponsable como históricamente se ha
llevado a cabo la explotación minera en la República Dominicana, la cual
se ha hecho dejando profundas huellas e importantes pasivos ambientales
en varios puntos del territorio nacional, es parte de la causa de la
incredulidad que arropa a la gran mayoría de los ambientalistas y al
ciudadano común dominicano, que se opone de forma radical a las
explotaciones mineras en el país.
Muchas veces olvidándonos de la utilidad y los aportes que la minería
responsable puede continuar realizando al erario público generando
recursos al Estado – que como es sabido- siempre son limitados, y dejando
de lado cómo puede impactar positivamente en la calidad de vida de la
gente pobre de las zonas intervenidas y la región en general, aportando
empleos, desarrollo y crecimiento económico de los pueblos circundantes.
Sin tomar posición a favor o en contra de las explotaciones mineras, ni
pretender herir sensibilidades empresariales o de ambientalistas radicales
que muchas veces son rebeldes sin causas, que se oponen a todo porque
si, por que no y por si acaso, que buscan a toda costa motivos para sonar,
muchas veces sin haber leído siquiera los detalles geotécnicos ni de
mitigación ambiental de los proyectos montando campamentos donde quiera que se habla de explotación
minera, lo hacen muchas veces por desinformación.
Me refiero a la falta de información oportuna y suficiente sobre las nuevas
formas de explotación minera, que son mucho más amigable al ambiente
y que debido a la forma en que se realizan resultan factibles su realización
desde el punto de vista ambiental, pues el uso de tecnologías avanzadas y
la no utilización de químicos contaminantes en la explotación, pueden
asegurar la no contaminación de suelos y acuíferos, principalmente en
lugares donde el nivel freático resulta estar muy profundo, como
aparentemente es el caso de una mina que se pretende explotar en la zona
sur del país, específicamente en la zona de San Juan de la Maguana, en
donde por desinformación y por la doble moral de los gobiernos que se
benefician del apalancamiento financiero de reciben de manera ocasional
de parte de las empresas mineras, a modo de avances a beneficios
-muchas veces por urgencias económicas de esos gobiernos- luego no
cumplen con la responsabilidad de completar los tramites de aprobación
de la permisologia reglamentaria para dichas explotaciones.
Mientras que, otras veces no lo hacen por miedo a la posible afectación
de la imagen del gobierno de turno, y no me refiero al gobierno actual,
sino también a todos los anteriores, que no toman las decisiones que
deben, ni ponen adecuados controles a dichas explotaciones mineras,
permitiendo que los rumores y la desinformación sean las que primen y
llenen los espacios y programas de opinión.
Según las informaciones recibidas, la explotación de esa zona no se haría
a campo abierto, sino de manera subterránea y a grandes profundidades,
conociendo que los suelos de esas montañas se encuentran en su mayoría
sin cobertura boscosa, y sus suelos están siendo utilizado para la siembra
de agricultura de subsistencia y pastos para ganado vacuno, por lo que, el
deber de la empresa y del Estado, que son los beneficiarios directos y
socios en el proyecto, será impactar positivamente las condiciones de vida
de las comunidades y de sus gentes. Y asegurarse de que
concomitantemente con la explotación se incremente la cobertura boscosa
de esa zona montañosa para garantizar la producción de agua y la
protección de los suelos y evitar su contaminación.
El gobierno actual a manifestado un especial interés en cambiar la matriz
de producción del valle de San Juan, debido a la poca rentabilidad que
representan los cultivos agrícolas que se producen actualmente en la zona,
por lo que, el Estado en su condición de socio de las empresas mineras
que reciben los permisos de explotación, debido a su condición de dueño,
como establece la Constitución, de todo lo que existe en el subsuelo del
territorio nacional, ante la aparente e inminente decisión de explotar esa
mina, deberá asumir la responsabilidad de proteger no solo a la empresa
que reciba la concesión, sino también a los habitantes de las comunidades
y del valle, e insisto, asegurarse de que la producción y la calidad del agua
que sirve de regadío para la producción agrícola de gran parte de la región
no sea afectada, en caso de que definitivamente se autorice la explotación
del proyecto “Los Romeros”, o cualquier otro que se conceda en la zona montañosa del valle más productivo que tiene la región sur del país, que
de manera merecida es bien llamado “el granero del sur”.
Creo firmemente que, los dos grandes males que afectan a la humanidad
son: la avaricia y la pobreza, si las empresas se vuelven menos avariciosas
y contribuyen a elevar el nivel de vida de las comunidades y el nivel de
bienestar de sus habitantes, ayudando a reducir en las zonas de
aprovechamiento, real y efectivamente los niveles de pobreza de la gente,
y realizan su explotación respetando el medio ambiente, mitigando o
subsanando los posibles pasivos ambientales de manera inmediata, y junto
a esto se lleva una campaña de información a la población y se crea una
comisión que ejecute una contraloría social que vigile el fiel cumplimento
de su accionar con respecto al medio ambiente, entonces será posible que
la explotación minera sea para todas las partes un ganar-ganar, es decir,
para el Estado, la empresa, las comunidades y sus gentes.