Implicados en caso Lobo habrían manipulado contrataciones para mantener contratos irregulares
Los vinculados al caso Lobo habrían constituido una red criminal interna en instituciones públicas, integrada por servidores públicos y encargados de seguridad de diferentes instituciones vinculados a la recepción de los servicios contratados.
Según la acusación del Ministerio Público, estos habrían actuado para favorecer a las empresas de los imputados a cambio de sobornos, manipulando procesos de contratación para garantizar la continuidad de los contratos de forma irregular e ilegal.
La acusación instrumentada por el Ministerio Público, solicita enviar a juicio a los implicados en el caso Lobo. Entre los acusados figuran un mayor general retirado del Ejército, cuatro coroneles que se desempeñaban como jefes de seguridad de varias instituciones, oficiales subalternos y civiles.
Se trata de los imputados en el caso Lobo: Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal
En el expediente del caso Lobo, se establece que los implicados aplicaban un mecanismo sistemático para el cobro de sobornos, fijando montos que oscilaban entre un 5 % y un 10 % del valor total de la facturación mensual de los contratos suscritos. Esta cuota ilícita era exigida con el propósito de agilizar los pagos, eliminar trabas administrativas y garantizar la continuidad de los contratos, que de otro modo se veían obstaculizados por demoras burocráticas o por la falta de planificación institucional.
Según el expediente, estas entregas se realizaban inmediatamente después de que las empresas contratistas efectuaban los pagos correspondientes.
Obstáculos a empresas contratistas
Los vinculados habrían obstruido deliberadamente la ejecución de contratos adjudicados a otras compañías, con el objetivo de extorsionar a los contratistas. Esta obstrucción se habría llevado a cabo mediante el establecimiento de trabas administrativas y burocráticas, así como la negación de información esencial sobre los requerimientos y condiciones necesarios para la instalación de los servicios de seguridad.
Dichas acciones tenían como finalidad forzar a las empresas contratistas a ofrecer sobornos a cambio de la posibilidad de cumplir con sus compromisos contractuales.
Asimismo, habrían debilitado deliberadamente los mecanismos institucionales de control y supervisión, subordinando el sistema de recepción de servicios a los directores de seguridad, quienes, según la acusación, actuaban como garantes del esquema ilícito a cambio de beneficios económicos personales.
Uso de intermediarios para canalizar sobornos
Los acusados habrían utilizado intermediarios para canalizar los sobornos, con el propósito de ocultar la identidad de los funcionarios beneficiarios y dificultar la trazabilidad del dinero ilícito.
Estos intermediarios actuaban como enlaces entre las empresas contratistas y los servidores públicos, recibiendo los pagos y distribuyéndolos conforme a los acuerdos previamente establecidos dentro de la estructura que describe la acusación.
Para garantizar la recepción de los sobornos, los funcionarios vinculados habrían cometido múltiples violaciones a la ley, incluyendo la usurpación de funciones por parte de miembros del Comité de Compras, la manipulación de evaluaciones técnicas, la adjudicación irregular de contratos y la flexibilización arbitraria de cláusulas contractuales.
Pagos indebidos y pérdidas para el Estado
De acuerdo con el expediente, se realizaron pagos indebidos por servicios no prestados, así como sobrecostos derivados de ampliaciones de contratos no autorizadas, facturación previa a la adjudicación formal de contratos y omisión de retenciones impositivas, lo que habría implicado pérdidas millonarias para las arcas públicas.
También se habrían realizado maniobras fraudulentas mediante la presentación de documentación inconsistente, incluyendo certificados de personal no cotizante, licencias vencidas y capacitaciones inexistentes o simuladas. Según el Ministerio Público, esto evidenciaría una intención deliberada de cometer las conductas atribuidas a las empresas y sus gerentes.
El Estado habría sido cobrado mediante el uso de facturas antedatadas, certificaciones ficticias y un control simulado o inadecuado de la recepción de los servicios contratados.
Irregularidades con personal de seguridad
Otra de las características de la estructura descrita en la acusación consistió en permitir que la empresa SENASE ejecutara contratos utilizando personal que no cumplía con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, incluyendo agentes que carecían de las capacidades físicas y operativas necesarias para desempeñar labores de seguridad privada.
Estas irregularidades, según el expediente, eran plenamente conocidas por los acusados, quienes, pese a su obligación de supervisar, documentar y reportar dichos incumplimientos, habrían omitido deliberadamente hacerlo como parte del acuerdo corrupto existente con la empresa contratista, garantizando así su permanencia y continuidad dentro de las instituciones públicas.
De esta manera, según la acusación, se habría materializado una estafa contra el Estado al pagarse por servicios de menor calidad y con evidente incumplimiento de las condiciones pactadas.
Además, se realizaban aumentos en las tarifas contenidas en los contratos sin que dichos incrementos se reflejaran en los salarios de los guardianes, lo que, de acuerdo con el Ministerio Público, evidenciaría un esquema fraudulento de sobrevaloración contractual en perjuicio del erario
Teresa Casado
