ESTADOS UNIDOS – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva ley que limita el poder de compra de propiedades en el estado por parte de los ciudadanos de siete países.
Dicha decisión, con particular énfasis en China, ha generado críticas de expertos inmobiliarios por el efecto negativo que podría generar en el mercado de Miami, así como preocupación por parte de otros grupos. Esto, debido a la posibilidad de que se generen actos discriminatorios contra extranjeros en el estado.
La legislación recién aprobada por el gobernador limita la compra de terrenos y propiedades en Florida situadas a menos de 32 kilómetros (20 millas) de una instalación militar o infraestructura crítica por parte de ciudadanos de China, Cuba, Rusia, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria. En respuesta, expertos en bienes raíces, académicos, abogados y líderes de organizaciones sin fines de lucro alertaron sobre los costos para el mercado inmobiliario y la economía local.
“Me parece muy preocupante”, declaró Danny Hertzberg, asociado de ventas de The Jills Zeder Group, empresa afiliada a Coldwell Banker, consultado por El Nuevo Herald. “Aunque a corto plazo se trata de un mercado impulsado por el mercado nacional, a largo plazo podría ser problemático y tener un impacto significativo”.
Ron Yanks, gerente regional en Broward de Keyes Company, compartió al diario que, ante la inminente aprobación por parte del gobernador DeSantis, los agentes de su empresa recibieron varias llamadas de inversionistas chinos que se preguntan si deberían continuar con su búsqueda de propiedades o incluso poner a la venta las que ya hayan adquirido.
Por otra parte, la abogada Hongwei Shang defendió que la mayoría de los chinos de Florida no pertenecen a la fuerza política señalada:
“Son gente normal. En realidad, están resultando oprimidos por el Partido Comunista Chino”. Además, aseguró al sitio Axios que los grupos asiático-americanos de Florida están preparados para demandar: “La 14va Enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe específicamente que un Estado discrimine a un grupo de personas por su raza u origen nacional”.
SB 264 busca frenar la influencia extranjera, principalmente de China
El proyecto conocido como SB 264 enumera siete “países extranjeros de preocupación”, pero la mayor atención se centra en China, nación a la que se dedica un apartado específico. Esto, sobre cómo se aplican limitaciones a su gobierno y a las personas relacionadas con él. De acuerdo al informe de The Hill, la legislación entrará en vigor el 1 de julio y prohibirá “a las entidades gubernamentales contratar con países extranjeros y entidades de interés. También, restringe las transmisiones de tierras agrícolas y otros intereses en bienes inmuebles a mandantes extranjeros”.
