El profesor Juan Valdez alertó que el Ministerio de Educación y la dirigencia de la Asociacion Dominicana de Profesores buscan cerrar la evaluación excluyendo a docentes, en medio de fallos técnicos y exigencias ilegales.
Santo Domingo.- El profesor Juan Valdez, en representación de un colectivo ciudadano, denunció que el Ministerio de Educación (Minerd) y el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) pretenden dar por concluida la sexta etapa de la Evaluación de Desempeño, dejando sin evaluar a miles de docentes de las áreas de Lenguas Extranjeras, Educación Técnico-Profesional y Educación Especial, entre otras.
Miles de maestros excluidos por fallos administrativos
Según los denunciantes, miles de educadores han sido excluidos ilegalmente desde el inicio del proceso debido a errores administrativos del propio Minerd, específicamente desde la fase denominada “Mi Cargo a Evaluar”. Valdez criticó fuertemente que, ante esta situación, la dirigencia nacional de la ADP ha guardado absoluto silencio, actuando con una actitud que calificó de "complacencia inexcusable".
Imposición de diplomados como traba para incentivos
A esta problemática se suma otra grave irregularidad: obligar a miles de docentes con más de un año de servicio a cursar el denominado Diplomado Programa Nacional de Inducción. Esta exigencia ha sido impuesta como una condición ineludible para acceder a los incentivos por evaluación, un mandato que, según el colectivo, entra en abierta contradicción con la normativa educativa vigente.
Opacidad y fallos en la plataforma tecnológica
En ese mismo orden, advirtieron que la próxima semana las autoridades intentarán aplicar nuevamente la Prueba Computarizada de Rendimiento Profesional, a pesar del reciente colapso de la plataforma. El colectivo señaló que el Ministerio intentará llevar a cabo esta prueba sin haber transparentado el contrato de dicho sistema ni presentado las garantías técnicas que aseguren la total confiabilidad del proceso.
Pérdida de credibilidad institucional
Los denunciantes lamentaron que lo que debía ser una evaluación científica, transparente y orientada al desarrollo profesional docente, ha terminado convirtiéndose en un proceso marcado por exclusiones, opacidad y violaciones legales.
Finalmente, Valdez enfatizó que la Evaluación de Desempeño no puede reducirse a un simple trámite para conseguir un incentivo económico, ya que su verdadero propósito es garantizar diagnósticos válidos, fortalecer la formación y elevar la calidad educativa. "Cuando se sacrifica la legalidad, la transparencia y el rigor técnico, no se fortalece la educación: se debilita la confianza de los docentes y la credibilidad de las autoridades y gremios", concluyó.