En San Juan: Le echan el guante a un Razo del Ejército acusado de ultimar a un hombre para despojarlo de su motocicleta.

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Un juez de la jurisdicción de Las Matas de Farfán dictó prisión preventiva como medida de coerción contra un raso del Ejército de República Dominicana, acusado de ultimar a un hombre para despojarlo de su motocicleta.

El imputado, Luis Fernando Medrano, es señalado como el responsable de la muerte de Rafael Suero Pineda, en un hecho ocurrido el pasado 16 de marzo en la comunidad Las Mulas, de esta demarcación.

De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público de la República Dominicana, el militar habría contactado a la víctima para solicitar un servicio de transporte en motocicleta. Durante el trayecto, presuntamente lo atacó con un arma blanca tipo machete, ocasionándole múltiples heridas mortales en el cuello y el tórax.

Las investigaciones establecen que el imputado fue captado por cámaras de vigilancia de la zona mientras vestía indumentaria militar y portaba un bulto. Posteriormente, al ser localizado por agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana conduciendo la motocicleta de la víctima, emprendió la huida, dejando abandonados tanto el vehículo como un bulto que contenía una chaqueta militar.

El arresto de Medrano se produjo mediante orden judicial, y tras el levantamiento del cadáver, las autoridades confirmaron la presencia de múltiples heridas cortantes, además de signos de violencia. El arma homicida fue encontrada oculta en unos matorrales cercanos al lugar del hecho.

El órgano acusador, representado por la fiscal Diana Ramírez, sostiene que cuenta con evidencias suficientes, entre ellas testimonios y peritajes, que vinculan directamente al imputado con el crimen, cuyo móvil habría sido el robo de la motocicleta y otras pertenencias de la víctima.

La medida fue impuesta por el juez César Quezada, del Juzgado de Instrucción local, quien ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Elías Piña.

El caso ha sido calificado jurídicamente como homicidio agravado y robo, en violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 631-16 sobre armas.