(CNN) — Donald Trump se encamina a un periodo de máximo riesgo legal y político por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos y el acaparamiento de documentos clasificados, que chocará con sus esfuerzos por electrizar una candidatura de bajo voltaje a la Casa Blanca en 2024.
Pero, cada señal de que los esfuerzos –una vez lentos– para superar el trauma del periodo poselectoral se están calentando, trae una advertencia paralela de que la futura amenaza a la verdad y la democracia sigue siendo aguda. Por ejemplo, la representante por Georgia, Marjorie Taylor Greene –una fuerza clave en la próxima mayoría republicana de la Cámara de Representantes que probablemente tratará de cerrar u obstruir las investigaciones sobre Trump– está envuelta en otra controversia sobre el asalto.
La republicana de Georgia dijo que, si por ella fuera, la turba que irrumpió en el Capitolio habría estado armada. Luego rechazó las condenas de la Casa Blanca a sus comentarios insistiendo en que estaba bromeando. Esto se produjo días después de que el expresidente intensificara sus acusaciones falsas de fraude electoral exigiendo el fin de la Constitución, en una señal de cómo podría desarrollarse su potencial segundo mandato si gana las elecciones de 2024 y regresa a la Casa Blanca.
Es notable el fuerte control que el intento sin precedentes de Trump de anular unas elecciones presidenciales sigue teniendo en la política de Washington, aunque muchos estadounidenses estén más preocupados por alimentar a sus familias y pagar el alquiler en medio de una inflación vertiginosa. Y la campaña de mentiras de Trump está teniendo un impacto perjudicial. Incluso después de que los republicanos ganaran la Cámara de Representantes, el mes pasado, una nueva encuesta de CNN/SSRS publicada este lunes encontró que solo el 34 % de los adultos alineados con los republicanos confía siquiera un poco en que las elecciones reflejen la voluntad del pueblo, por debajo del 43 %, en octubre.
El expresidente aún no ha sido acusado en ninguna de las dos pesquisas y de momento no hay indicios de que vaya a serlo. Pero la sensación de que Trump se acerca a un momento de máximo peligro legal está siendo impulsada tanto por los indicios de una investigación cada vez más agresiva por parte del fiscal especial, Jack Smith, como por las realidades de un calendario que ofrece un tiempo limitado para cualquier posible acusación antes de que la campaña de 2024 esté en pleno apogeo. Las ya cuestionables esperanzas de Trump de ganar unas elecciones nacionales, mientras tanto, podrían recibir nuevos golpes con la revelación del informe final de la comisión del 6 de enero, la próxima semana, y sus recomendaciones al Departamento de Justicia para presentar cargos criminales.
CNN informó este domingo que Smith está acelerando las pesquisas sobre el papel de Trump en el intento de perturbar el traspaso pacífico del poder en 2020 y su almacenamiento aparentemente desordenado de documentos clasificados en su residencia y complejo turístico de Florida. Este lunes se supo que el equipo de Smith citó al secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger, que estaba al otro lado de la llamada telefónica del entonces presidente destinada a convencerle de que "encontrara" votos suficientes para anular la victoria de Joe Biden en Georgia, en 2020. Smith también ha emitido una avalancha de citaciones del jurado investigador desde Acción de Gracias, incluyendo al exasesor de Trump Stephen Miller y a dos exasesores legales de la Casa Blanca.
Ryan Goodman, profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, interpretó la citación enviada a Raffensperger como otra señal de que Smith está tomando impulso.
"Este asunto se está intensificando de manera muy constante y a un gran ritmo en comparación con lo que estaba sucediendo antes", dijo Goodman a Erin Burnett, de CNN, este lunes.
"Han pasado más de 700 días desde que The Washington Post publicó la hora completa de audio… de esa llamada telefónica altamente incriminatoria, 700 días para que el Departamento de Justicia finalmente lo cite. ¿Cuándo sucederá? Depende de Jack Smith".
Goodman también sugirió que el equipo legal de Trump pecaba de iluso si creía que el nombramiento de Smith tras un periodo en el extranjero significaba que era menos probable que se viera influido por las secuelas politizadas del asalto del 6 de enero y que una mente fresca se inclinaría en contra de las acusaciones.
Preet Bharara, exfiscal del Distrito Sur de Nueva York, dijo este domingo en el programa "Meet the Press", de NBC, que el nombramiento de Smith y la formación de un equipo de fiscales experimentados representaban una mala noticia para Trump.
"No creo que hubieran dejado sus antiguos puestos, tanto en el Gobierno como en la práctica privada, a menos que hubiera una posibilidad seria de que el Departamento de Justicia estuviera en camino de acusar. Y creo que ocurrirá en un mes", dijo.
De las dos investigaciones, los expertos legales dicen que la relativa a los documentos clasificados puede avanzar más rápido después de varios intentos fallidos de Trump en los tribunales para retrasarla. Este lunes, una jueza desestimó formalmente el caso de Trump que impugnaba la recogida de pruebas de Mar-a-Lago y en el que había designado a un perito independiente. Eso da al Departamento de Justicia pleno acceso a decenas de miles de registros y otros artículos encontrados entre los documentos marcados como clasificados en el club de playa y la oficina privada de Trump.
Trump está siendo investigado por posibles violaciones de la Ley de Espionaje y obstrucción a la justicia. El expresidente afirma que el registro de su propiedad en Mar-a-Lago por parte del FBI, en agosto, es un ejemplo de persecución política destinada a impedir que vuelva a ganar la Casa Blanca y sostiene que tiene derecho a los documentos a pesar de que se supone que los presidentes deben enviar ese material a la Administración Nacional de Archivos y Registros cuando dejan el cargo.
El Departamento de Justicia se enfrenta a decisiones fatídicas
El secretario de Justicia, Merrick Garland, prometió que nadie está por encima de la ley y que las investigaciones irán adonde conduzcan las pruebas. Pero la realidad del proceso judicial implica que la preparación y celebración de cualquier juicio llevaría un tiempo considerable. La perspectiva de enjuiciar a un expresidente y actual candidato presidencial es tan explosiva desde el punto de vista político que sería óptimo que cualquier proceso tuviera lugar mucho antes del momento culminante de la carrera hacia la Casa Blanca de 2024.
"Ahora nos enfrentamos a un plazo en el que es un reto terminar cualquier caso, si se presenta, para terminarlo antes de las elecciones", dijo la analista legal de CNN Jennifer Rodgers, en "Newsroom", este lunes.
"Por lo tanto, creo que presentarán un caso por el lado de los documentos, si pueden, tan pronto como puedan", dijo Rodgers, añadiendo que cualquier caso sobre el 6 de enero probablemente llevaría más tiempo.
Si se acerca la hora de la verdad para Trump, lo mismo puede decirse de Garland y el Departamento de Justicia. Cualquier decisión de acusar al expresidente en cualquiera de los dos casos está destinada a desencadenar una furiosa reacción política en cadena. Dado que el movimiento del expresidente ya mostró que ve la violencia como una herramienta legítima para expresar un agravio político, las cosas podrían ponerse especialmente peligrosas.
Aunque Smith está siguiendo los procedimientos legales, el contexto político hace que corresponda aún más al Departamento de Justicia demostrar a los estadounidenses que no tenía otra opción, por ejemplo, montar un registro sin precedentes en el domicilio de un expresidente.
Trump ya intentó utilizar las afirmaciones de que la justicia está siendo armada contra él como combustible para su candidatura presidencial de 2024. Y mientras que la ley, y no la política, es el negocio declarado de Garland, cualquier posible enjuiciamiento de Trump debe equilibrar el interés nacional y el precedente que se sentaría si un comandante en jefe se saliera con la suya al intentar derrocar unas elecciones.
La conducta del expresidente seguramente se enfrentará a un escrutinio más severo con el informe final de la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes, que quiere dejar su caso para la posteridad antes de que probablemente sea eliminado por la mayoría republicana entrante de la Cámara Baja el próximo año.
La comisión ha creado un patrón condenatorio de la conducta de Trump, y ha advertido repetidamente que representa un peligro claro y presente para la democracia.
Dado su tono y dirección, sería una sorpresa que el panel no recomendara a la Cámara remitir a Trump, y otros asesores, al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento penal cuando termine. Sin embargo, esa medida sería meramente simbólica, ya que la comisión no tiene poder para presentar cargos por sí misma. Y el Departamento de Justicia no está obligado a seguir ninguna recomendación. Sus propias investigaciones tendrían que resolver la cuestión de si los fiscales profesionales están de acuerdo con las conclusiones del Congreso en su función de supervisión constitucional.
Una consideración a tener en cuenta es que las audiencias televisadas de la comisión, muy coreografiadas, no incluyeron ningún contrainterrogatorio de los testigos, por lo que es difícil decir cómo algunos de los testimonios más incriminatorios sobre el comportamiento de Trump se sostendrían bajo el estándar probatorio mucho más alto requerido en un tribunal de justicia. Aun así, el informe –y las transcripciones de sus declaraciones que se espera sean enviadas al Departamento de Justicia– podría ser útil para dar cuerpo a cualquier caso penal por parte del fiscal especial, y para preparar al público ante la posibilidad de cualquier movimiento de Smith para acusar a Trump.
Esa es otra razón por la que el cambio de año y los primeros meses de 2023 están empezando a parecer un momento de ajuste de cuentas tanto para Trump como para quienes le investigan.