El Instituto Oncológico Regional del Cibao atraviesa una profunda crisis institucional tras revelarse que fondos destinados a la atención de pacientes con cáncer habrían sido utilizados para financiar actividades de la fundación Tócate RD, entidad vinculada a Luisa Guzmán, esposa del exadministrador y expresidente del patronato, el ingeniero Héctor Lora.
Las revelaciones forman parte de una auditoría forense y de denuncias presentadas por la nueva directiva del centro. Las mismas apuntan a un presunto esquema de irregularidades administrativas, financieras y operativas durante la pasada gestión.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, recursos del Oncológico habrían sido desviados hacia la referida fundación, en un contexto en el que la institución acumuló una deuda superior a los 800 millones de pesos y enfrentó serias limitaciones para ofrecer servicios oportunos a pacientes, en su mayoría de escasos recursos. Las denuncias sostienen que, mientras el centro registraba déficit, atrasos quirúrgicos y precariedades operativas, se financiaban actividades externas ajenas a la misión principal del instituto.
Auditoría revela presuntas irregularidades sistemáticas
La auditoría forense atribuye el colapso financiero a un manejo inadecuado de los recursos durante la administración encabezada por Héctor Lora. Este habría permanecido en la presidencia del consejo directivo por más de siete años, a pesar de que los estatutos solo permiten dos períodos consecutivos.
Entre las irregularidades señaladas figuran desvío de fondos, sobrevaluación de medicamentos, falsificación de indicaciones médicas, colusión con proveedores y reventa de insumos importados por el propio centro, aprovechando exenciones fiscales para luego recomprarlos a precios elevados.
El informe también documenta un presunto esquema de importación y reventa de papel glossy y cartuchos de tinta utilizados para estudios de imágenes médicas, a través de empresas vinculadas a allegados del exadministrador. Estas operaciones habrían generado transacciones millonarias sin justificación operativa clara, agravando el déficit financiero.
Medicamentos donados y vencidos
A las denuncias financieras se suma el manejo irregular de medicamentos de alto costo que llegaban al Oncológico como donaciones para ser suministradas gratuitamente a pacientes necesitados. Según la actual dirección, numerosos fármacos fueron almacenados hasta su vencimiento o vendidos en farmacia, bajo el argumento de que su entrega gratuita afectaba la rentabilidad interna.
Durante un levantamiento reciente, se mostraron medicamentos valorados en más de tres millones de pesos que nunca beneficiaron a los pacientes. Testimonios indican que, en algunos casos, estos insumos permanecieron guardados deliberadamente porque “no daban ganancias”, mientras pacientes oncológicos enfrentaban retrasos en sus tratamientos.
Cancelaciones y represalias contra personal médico
Parte de la dirección médica denunció que profesionales que alertaron sobre las precarias condiciones del centro y las irregularidades administrativas fueron cancelados de manera arbitraria, incluso mediante notificaciones informales por WhatsApp. Entre los destituidos figuran coordinadores y supervisores de la residencia médica, responsables de la formación de nuevos especialistas.
Estas cancelaciones provocaron una acumulación significativa de pacientes, especialmente en el área quirúrgica, al quedar fuera dos de los principales cirujanos del centro. Ante esta situación, el personal médico optó por coordinar jornadas quirúrgicas en otros centros de salud para evitar retrasos en cirugías oncológicas y garantizar la continuidad de los tratamientos.
Ataques cibernéticos y embargos
La crisis institucional también incluyó ataques cibernéticos a los canales digitales del Oncológico. Esto, luego de que la nueva administración implementara un sistema de citas más accesible para pacientes de provincias lejanas, apoyado en códigos QR y redes sociales. Según denuncias, las cuentas resultaron intervenidas, se eliminó información clave y se inhabilitó el sistema, afectando directamente a los pacientes.
Asimismo, se interpusieron recursos judiciales que derivaron en el embargo temporal de las cuentas del centro, lo que limitó su operatividad durante varios días. Posteriormente, una jueza ordenó el levantamiento de la medida, permitiendo la reanudación parcial de las operaciones.
CDN