Han surgido cuestionamientos en lo relativo a la compra de las armas ilegales en manos de civiles
Marisol Aquino
Santo Domingo, RD-
Sectores políticos, sociales y judiciales de la República Dominicana externaron su preocupación y rechazo en torno al Plan de Seguridad Ciudadana, anunciado por el gobierno que, entre otras prerrogativas, dispone la compra de armas de fuego que estén en manos de civiles de manera ilegal para su posterior destrucción.
Los cuestionamientos se registran en medio de una ofensiva gubernamental de defensa del plan que, según el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, será innovador.
Para la directora de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, de la Procuraduría General de la República (PGR), Maura Martínez, la compra de armas de fuego por parte del gobierno incrementaría el robo de las mismas. Martínez proclamó que “yo quiero pensar que a la información le hacen falta más datos, porque no se entiende en su totalidad”, refiriéndose a lo planteado por el presidente Luis Abinader sobre el plan.
Desde la oposición, los pronunciamientos no se hicieron esperar, y el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, manifestó su desacuerdo con lo anunciado por el mandatario, por entender que esas armas deben de ser incautadas a las personas que las posean de manera ilegal.
“Nosotros no estamos de acuerdo con eso, de ninguna manera, con la compra no. Puede ser un intercambio, pero yo creo que la compra no se corresponde”, precisó.
En consonancia, el exministro de Interior y Policía y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul, señaló que en vez de comprar las armas, el procedimiento a seguir sería decomisarlas, porque nadie debería tener armas de fuego que estén al margen de la ley.
“El que tiene un arma ilegal está cometiendo una infracción a la ley y, por lo tanto, no está bajo los mandatos legales, por lo que debe ser sometido ante los tribunales correspondientes”, dijo Fadul.
Desde Santiago, representantes de sectores sociales esperan que el plan sea consensuado y socializado con la población.
Juan Carlos Ortiz y Fernando Puig, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, respectivamente, coincidieron al plantear que las acciones que se estarán implementando deben ser, ampliamente, debatidas con la ciudadanía.2.8 millones de chalecos
El gobierno necesitaría de más de dos millones de chalecos para regularizar el sector de las motocicletas en el país, tomando en cuenta que el parque vehicular nacional tiene hasta la fecha 2,718,058 vehículos de ese tipo, registrados en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El Plan de Seguridad Ciudadana incluye la regularización de los motoristas mediante chalecos que los identificarán con un número individual.
Según datos de la DGII, a diciembre de 2020, la institución tiene registrados 4,842,367 vehículos en total, de los cuales 2,695,456 son motocicletas, representando el 55.6 % del total de vehículos del país.Experiencias de otros países
Las muertes por armas de fuego ilegales se redujeron en Brasil en un 8 por ciento, entre el 2004 y el 2005, con el programa Viva Río, en el que se sensibilizó a la población sobre los peligros que estas representan, y la motivó a que entregara a las autoridades más de 110 mil armas ilegales.
Así lo da a conocer el documento titulado “120 estrategias y 36 experiencias de seguridad ciudadana”, investigación realizada en el 2009 por la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) para el desarrollo de programas contra la inseguridad en Ecuador.
Según la organización, con el plan se logró la entrega de “casi medio millón de armas ilegales entre 2004 y 2005”.
No obstante, según Flacso, en Argentina un programa similar que incluía el incentivo de dinero por la entrega de las armas ilegales había sido “inefectivo” porque las armas que los argentinos cedieron eran las que “usualmente no se utilizan para cometer delitos” e incluso algunos declararon “haber comprado un arma nueva con el dinero recibido” como estímulo para entregar la vieja y prohibida.
Algunas de las medidas que Flacso recomienda para tener éxito en el desarme de la población, además de concientizarla sobre el peligro del porte de armas y hacer campaña de devolución voluntaria, incluye “ofertar incentivos que persuadan a los portadores a entregar las armas para su consecuente destrucción (por ejemplo, indemnizaciones económicas, en materiales de construcción, en alimentos, entre otras)”.
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