Marlon Martínez se graduó de artesanía de pintura sobre tela y decorativa.
La Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) certificaron a más de tres mil participantes privados de libertad, de 36 centros de Corrección y Rehabilitación, por haber completado su capacitación en 92 programas de formación.
Entre los reclusos certificados se encuentra Marlon Martínez, quien cumple con una sentencia de 30 años de prisión por el asesinato de la adolescente Emely Peguero.
Martínez se graduó de artesanía de pintura sobre tela y decorativa, junto a otro recluso identificado Henry Ureña de la Cruz.
EL ACTO
La actividad fue realizada, de manera simultánea, en 32 centros penitenciarios a nivel nacional, con una representación de los participantes egresados de 191 acciones formativas.
El acto estuvo presidido por Miriam Germán, procuradora general de la República, Rafael Santos Badía, director general del Infotep y Roberto Hernández Basilio, director general de DGSPC.
La procuradora agradeció a las instituciones involucradas y felicitó a los internos por este paso en el camino a su reinserción social.
Mientras, que Santos Badía resaltó la importancia y beneficios que representa para los participantes recibir capacitación.
“Hoy reciben la verdadera libertad que les permitirá, desde ya, en muchos casos, y definitivamente, una vez fuera, tener medios decentes de sustento y prosperidad, al insertarse al mercado de trabajo o convertirse en emprendedores e iniciar sus negocios por cuenta propia”, afirmó.
CASO EMELY PEGUERO
Emely Peguero, quien tenía 16 años al momento de su muerte, fue reportada como desaparecida el 23 de agosto de 2017 y su cuerpo fue hallado dentro de una maleta el 31 de agosto del mismo año.
En noviembre de 2018 la madre de Marlon, Marlin Martínez, fue sentenciada a cinco años de prisión por ocultamiento del cadáver y sustracción de Emely Peguero, quien tenía cinco meses de embarazo.
Meses después tras la revisión de la sentencia, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís redujo de cinco a dos años la pena impuesta por un tribunal colegiado de esa jurisdicción.
