Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a varios de los principales implicados en los casos Coral y Coral 5G, al concluir que existió una estructura organizada dedicada a la sustracción sistemática de fondos públicos mediante nóminas irregulares en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo emitieron la decisión tras un proceso judicial que se prolongó por casi cinco años, en el que el Ministerio Público acusó a los imputados de corrupción administrativa, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las condenas
Condenaron al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre y al general Juan Carlos Torres Robiou a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos, tras encontrarlos culpables de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Asimismo, el tribunal impuso una condena de 15 años de prisión a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como “La Pastora”, al considerar probada su participación en operaciones vinculadas al ocultamiento y manejo de recursos procedentes del entramado de corrupción.
En tanto, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez fue condenado a cinco años de prisión, luego de que las juezas tomaran en cuenta su condición de colaborador del proceso y las informaciones que aportó para el esclarecimiento de los hechos investigados.
La sentencia establece que altos oficiales autorizaban la inclusión de personas en nóminas irregulares, mientras otros integrantes de la red reclutaban civiles y militares para recibir salarios del Estado. Luego, los responsables recuperaban esos fondos y los entregaban a los operadores financieros del entramado.
Principales condenados en el caso Coral y Coral 5G
Como detallamos anteriormente, entre los condenados figura el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, señalado como uno de los principales líderes de la estructura. También fueron condenados el coronel Rafael Núñez de Aza, identificado como el principal operador financiero del esquema; el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur; el general Julio Camilo de los Santos Viola; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y Kelman Santana Martínez, entre otros implicados.
El tribunal otorgó especial relevancia a las pruebas documentales, reportes bancarios, testimonios y evidencias digitales obtenidas durante la investigación. Entre estas figuraron discos duros ocupados en allanamientos que contenían registros de las llamadas “cabezas recolectoras”, encargadas de captar personas para las nóminas paralelas y recuperar posteriormente el dinero depositado por el Estado.
Los jueces concluyeron además que Adán Cáceres acumuló un patrimonio incompatible con sus ingresos declarados. La sentencia establece que sus compromisos financieros, inversiones, préstamos y adquisiciones excedían ampliamente su capacidad económica conocida. Una situación similar se le atribuyó a Juan Carlos Torres Robiou, quien, según el tribunal, registró movimientos financieros millonarios y adquirió bienes que no podían justificarse con los ingresos percibidos durante su carrera militar.
Tribunal descarta estructura de corrupción en Conani dentro del caso Coral y Coral 5G
En contraste, el tribunal descartó que se demostrara la existencia de una estructura de corrupción operativa dentro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), al considerar insuficientes las pruebas presentadas para acreditar la apropiación de recursos públicos en esa institución.
Asimismo, la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo resultó absuelta del proceso. La mayoría de las juezas entendió que existían documentos suficientes para justificar el origen de los recursos y bienes cuestionados. Aunque uno de los magistrados emitió un voto disidente.
Además de las condenas impuestas, el tribunal ordenó el decomiso de bienes y activos vinculados al entramado. Estos valorados en cientos de millones de pesos, a favor del Estado dominicano. La sentencia concluye que las pruebas permitieron confirmar la existencia de una organización estructurada dedicada al desvío de recursos públicos mediante nóminas irregulares y mecanismos de lavado de activos.