Por: Natanael Santos
Pocos saben que, a través de sus técnicos y ministros del área minera, la República Dominicana participa cada año en eventos internacionales de minería, promoviendo al país como un “paraíso” para exploraciones y posibles explotaciones futuras de metales. Sin embargo, ese mismo Estado luego enfrenta dificultades para otorgar permisos de explotación e incluso para autorizar estudios de impacto ambiental, como ocurrió en San Juan con el proyecto Romero.
Antes de cualquier trámite, el gobierno de turno debería consultar —mediante referéndum o consultas a las fuerzas vivas de la sociedad— si los habitantes de las zonas afectadas están dispuestos a aceptar ese tipo de desarrollo económico. Es decir, si quieren sustituir su matriz agrícola por una minera, o si ambas pueden convivir de manera sostenible.
Históricamente, los gobiernos dominicanos han tratado la minería como una alcancía del Estado y, en ocasiones, como un medio de beneficio personal. La han explotado de manera oculta, como lo describiera Gabriel García Márquez: “la puta triste” de la economía dominicana, utilizada y despreciada al mismo tiempo.
Recientemente, el comunicador Félix La Jara y otros, señalaron que la minera Goldquest habría financiado campañas electorales de algunos políticos, y a quienes no apoyó, los cooptó después de ganar, convirtiéndolos en defensores de su causa.
Esta doble moral gubernamental —que actúa como “gatita de María Ramos”, escondiendo la mano tras beneficiarse— evidencia que el Estado es un socio irresponsable de la minería: promueve una cosa y luego hace otra, incumpliendo si percibe que le afecta electoralmente.
No busco culpables ni defiendo la minería; simplemente observo la situación desde otra perspectiva, con objetividad. La pregunta es si existe realmente una minería responsable, si los estudios de impacto ambiental son confiables y si las autoridades protegen los recursos naturales con la seriedad que merecen, pensando en las generaciones futuras, y no en sus propios intereses.
En algún momento estuve de acuerdo con la realización del estudio de impacto ambiental, considerando la necesidad de empleos en San Juan para frenar el éxodo de su gente. Pero la torpeza y el pésimo manejo de crisis de los desarrolladores del proyecto, frente a una sociedad que se niega incluso a escucharlos, ha provocado que antiguos aliados se sumen a la defensa del pueblo ante cualquier atropello. Porque San Juan pudo ceder al estudio, por la buenas, pero por las malas no. Tratar de conseguirlo por las malas, es no conocer a la gente de San Juan.
La crispación social generada por el estudio pudo manejarse de manera más civilizada, sin implicar aprobación ni rechazo inmediato de la llamada “licencia social”. Sin embargo, el mal manejo comunicacional, la compra de opiniones de comentaristas irrespetuosos de la dignidad sanjuanera y la incapacidad de articular un discurso creíble han convertido el proyecto en un fracaso rotundo. Como dije en otro escrito: San Juan es como Liborio, “que no come pendeja”.
El Estado debe actuar con responsabilidad y diseñar mecanismos de socialización antes de comprometerse con empresas extranjeras. Los funcionarios de turno deben dejar de asociarse con compañías que creen que seguimos siendo “indios”, para evitar muertes, sacrificios innecesarios e inversiones que luego no podrán recuperarse.
San Juan está dispuesto a defender su agua, que es su vida y la de toda la región. Cuando una empresa no logra ni siquiera convencer a la sociedad de escucharla, ha fracasado en su capacidad de comunicación estratégica y de articulación social. Y es bueno que quede claro: San Juan no es Cotuí. Aqui sobra valentía, dignidad y capacidad de sacrificio.
San Juan se plantó: ni oro ni promesas compran su agua. El pueblo dejó claro que su vida no se negocia, y el gobierno entendió que estaba jugando con fuego. San Juan desafió al Estado y a la minera y a golpe de dignidad, le ganó.