La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, ratificó la medida de coerción de prisión domiciliaria impuesta al coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en el entramado del Caso Lobo, acusado de manipular licitaciones de servicios de seguridad para desfalcar al Estado.
La magistrada adoptó su decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por la defensa del imputado.
Al salir de la sala de audiencias, su abogado informó que apelará el fallo, alegando que se vulnera el principio de igualdad, ya que otros implicados tienen medidas menos gravosas.
El Ministerio Público sostuvo que la medida debe mantenerse debido al riesgo de fuga y la posible interferencia en la investigación, destacando además la gravedad de los hechos imputados.
En el expediente figuran oficiales de alto rango y empresarios, en un caso que involucra una presunta estructura criminal dedicada a recibir sobornos y manipular licitaciones en diversas instituciones públicas, con el objetivo de adjudicarse contratos de servicios de seguridad.
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Valera, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal
Según las investigaciones, la red utilizaba empresas como fachada para desviar fondos públicos a través de contratos de seguridad privada, ocasionando pérdidas al Estado dominicano por más de RD$100 millones.
El documento indica que la estructura criminal fue desmantelada mediante la Operación Lobo, integrada por militares activos y retirados, así como civiles, quienes habrían creado una red de corrupción para manipular licitaciones públicas mediante sobornos, fraudes y otras maniobras ilícitas.
Asimismo, se establece que el modus operandi del grupo consistía en obtener contratos con instituciones públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad: EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los imputados se acercaban a personal clave en los departamentos de seguridad de estas instituciones para asegurar la adjudicación de contratos mediante sobornos, valiéndose de contactos internos estratégicos.
Teresa Casado