La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) declaró el 2026 como Año de la Sociedad Civil Contra la Corrupción e Impunidad, representando a diversos sectores del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo.
En una rueda de prensa, solicitó a la Cámara de Cuentas de República Dominicana realizar una auditoría al Servicio Nacional de Salud (SNS), debido a que desde esa instancia se manejaron miles de millones de pesos destinados, según las autoridades, a ofrecer servicios de salud con eficiencia, eficacia y calidad.
Las organizaciones sociales y de la sociedad civil expresaron, a través de un documento, que el SNS procuraba poner en funcionamiento las denominadas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en las 32 provincias, 258 distritos municipales y 155 municipios del país. Sin embargo, según sus opiniones, la ciudadanía se ha quejado de las deficiencias en los servicios de salud.
Asimismo, señalaron que la construcción de edificaciones en distritos y municipios, muchos de ellos con años de necesidad de un hospital, no ha satisfecho las demandas de la población.
En una comunicación firmada por los dirigentes Ángel Guillermo Molina, Alexis Rafael Peña, Fiordaliza Guzmán y José Antonio Mieses, explican que por estas razones las organizaciones de la sociedad civil que ellos representan acuden a la doctora Emma Polanco, para que la institución que dirige realice la auditoría y así tanto ellos como la opinión pública puedan conocer en qué se gastaron los recursos del Estado en esa entidad.
Entre las organizaciones que componen la solicitud se encuentran la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (Acadisando), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y la Red de Organizaciones Comunitarias del Barrio 27 de Febrero (ReoCofe).
Estas agrupaciones expresan su preocupación porque durante la gestión de cinco años no se ha visualizado la calidad de los servicios, la mejora en atenciones médicas, disponibilidad de medicinas, camas u otros aspectos prioritarios para la ciudadanía.
Las organizaciones aseguran que su solicitud está amparada en el artículo 61 de la Constitución de la República, el cual establece que la salud integral es un derecho de todo el pueblo dominicano, junto con otros derechos consagrados en la carta magna.
De igual manera, indican que los respalda la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 12-06, esta última considerada de suma importancia para las personas que atraviesan situaciones de salud mental severa. En sentido general, recuerdan que según la Constitución de 2010 y sus reformas de 2015, la salud es un derecho fundamental en el país.
En la solicitud dirigida a la doctora Emma Polanco de Mercedes, las organizaciones plantean que buscan que la Cámara de Cuentas determine si los miles de millones de pesos que utilizó el SNS entre 2020 y 2025 se manejaron con pulcritud y si cumplieron con las demandas de la población.
Por su parte, la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo (Acadisando) manifestó su interés en abrir unidades de servicios en salud mental, pie diabético y geriatría en hospitales como el Luis Eduardo Aybar, Francisco Moscoso Puello, Félix María Goico, San Lorenzo de Los Minas, Ney Arias Lora y Salvador B. Gautier, ante las calamidades que enfrentan las personas con esas condiciones de salud.