Santo Domingo.- Tras la supuesta venta de un fusil de alto calibre, un operativo realizado por agentes de la Policía Nacional terminó con la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita, en Santiago. Actualmente, once miembros de la institución se encuentran bajo custodia y a la espera de que se les conozca medida de coerción.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre, y desde entonces el caso ha generado polémica por el tratamiento procesal que ha recibido por parte del Ministerio Público.
El abogado Juan Carlos Báez Peralta, defensor de siete de los policías involucrados, cuestionó públicamente el accionar de la fiscalía, alegando que se han vulnerado derechos fundamentales de sus clientes, como el principio de presunción de inocencia. En específico, criticó que sus identidades hayan sido reveladas antes de presentarse formalmente ante un juez.
“Están actuando con desesperación. La ley otorga un plazo de 48 horas para presentar la solicitud de medida de coerción, y mientras tanto, se debe respetar la integridad procesal de los imputados”, sostuvo el jurista, quien citó el artículo 95.8 del Código Procesal Penal.
El abogado señaló que la acusación preliminar en contra de los agentes se basa en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican el homicidio voluntario. Sin embargo, alegó que los uniformados actuaban en el marco de una operación autorizada, basada en informaciones de inteligencia que detectaron una presunta negociación ilegal de un arma larga.
“Los agentes no estaban ahí por accidente. Fue una operación planificada a partir de una investigación en curso. La narrativa de la fiscalía intenta presentar los hechos como un acto aislado, pero no lo fue”, afirmó Báez Peralta.
Entre los detenidos se encuentran altos y medios rangos de unidades de investigación de Santo Domingo y Santiago, como Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), y Yohandy Encarnación (cabo), quien además habría resultado herido de bala durante el operativo.
Las víctimas del incidente fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “Charli Chasc”), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. Todos fallecieron mientras eran atendidos en el Hospital Doctor Cabral y Báez de Santiago.
El proceso de investigación está siendo coordinado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, en conjunto con la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu. La indagatoria fue instruida por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.