A medida que transcurría la audiencia del caso Calamar, el Ministerio Público fue variando las solicitudes de medida de coerción a varios de los implicados en la supuesta red de corrupción.
El órgano persecutor varió la solicitud de prisión preventiva a arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantías económicas. Esto fue a medida que los imputados decidían colaborar con el Ministerio Público y admitían las imputaciones.
Sin embargo, los acusados de ser los cabecillas de la red que presuntamente estafó al Estado con más de 19 mil millones de pesos, defienden su inocencia.
Se trata de Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, ex titular del Ministerio de Obras Públicas y pasado candidato presidencial. También José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.
Los otros tres imputados que tampoco llegaron a un acuerdo con el Ministerio son el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño. También el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, y Aldo Antonio Gerbasi, exasesor del Ministerio de Hacienda.
¿Quiénes colaboraron con el Ministerio Público en el caso Calamar?
Los procesados que han colaborado con el Ministerio Público son el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña. También el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También se le varió la solicitud de prisión preventiva por una menos gravosa, a Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola y Marcial Reyes. Asimismo a Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ramón Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Estos imputados aceptaron las imputaciones que les hace el órgano acusador en el expediente de 2,120 páginas que, además, contiene 1,200 elementos de pruebas.
Hoy la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional se retiró a ponderar y mañana a las 10:00 de la mañana dará a conocer el fallo de la solicitud de medida de coerción.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los apresados es de asociación de malhechores, desfalco y coalición de funcionarios. También falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Periodico El Caribe