La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exhortó a las autoridades que la conmemoración del 7 de enero Día del Poder Judicial no sea un "acto rutinario y simbólico", sino un espacio de reflexión profunda sobre las fallas que afectan la libertad y la dignidad en el país.
El presidente de la entidad, Manuel María Mercedes Medina, señaló que el principal reto del sistema es recuperar la confianza ciudadana, la cual se encuentra "bastante debilitada" debido a la mora judicial y la falta de independencia real de las instituciones.
El punto más crítico de la denuncia de la CNDH-RD se centra en el hacinamiento carcelario provocado por lo que califican como una "interpretación errónea" de la ley por parte de los jueces
"Aproximadamente el 81% de las personas privadas de libertad se encuentran bajo prisión preventiva sin haber sido condenada”, acotó el jurista.
Mercedes Medina dijo que esto evidencia una mala práctica judicial asumida contra personas de estratos sociales y económicos marginados.
El defensor de los derechos humanos advirtió que este abuso de la medida de coerción más gravosa genera consecuencias devastadoras, ya que se producen hacinamiento crítico en los Centros de Corrección.
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Mencionó igualmente, la división familiar y desprotección de grupos vulnerables, gasto incalculable para el Estado en el mantenimiento de reclusos sin sentencia y lesión directa al principio de presunción de inocencia.
Desafíos estructurales y mora judicial
Además del problema carcelario, enfatizó que la mora judicial continúa siendo una "grave problemática" que prolonga los casos de forma irregular, generando incertidumbre y descontento en la sociedad.
Para la entidad, la independencia del Poder Judicial es la única vía para consolidar un sistema imparcial y eficiente que respete el debido proceso consagrado en la Constitución Dominicana.
Propuestas para el fortalecimiento de la justicia
La institución instó al Poder Judicial a aplicar de manera efectiva la Ley núm. 113-21 sobre Régimen Penitenciario y a ser más receptivos con las medidas alternativas a la cárcel.
Entre sus recomendaciones principales destacan capacitar a los jueces para que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla.
Igualmente, aplicar las disposiciones de libertad para quienes hayan cumplido parte significativa de su condena, muestren arrepentimiento y estén rehabilitados.
Asimismo, fortalecer los programas para que la salida de los internos contribuya a la paz social y alivie la carga del sistema.
"La reintegración de las personas a la sociedad es clave para el Estado de Derecho", concluyó Mercedes Medina, invitando a los actores del sistema a ver este 7 de enero como una oportunidad para transformar la justicia en beneficio de los derechos humanos.
Por: Ramón Cruz Benzán