SANTO DOMINGO.- El asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer Napoleón Reyes, el 4 de enero de 1985, sigue siendo uno de los enigmas que la justicia dominicana y la Policía no han logrado resolver, 41 años después del trágico acontecimiento que, en su momento, fue percibido como un crimen de estado.
Se trata de un acontecimiento que, por lo visto, no le ha interesado resolver a las autoridades del pasado, ni del presente, puesto que por lo menos se ha establecido de manera precisa quienes fueron los autores materiales, aunque no tan así los intelectuales.
El caso figura en una larga lista de los más 50 sonados crímenes no resueltos por las autoridades ocurridos en los últimos 50 años, a pesar de la gravedad de cada uno de ellos y el impacto que provocaron en la sociedad en su momento.
El secuestro y asesinato del reconocido casacambista y su chofer continúa sin resolverse, pese a que fueron identificados varios implicados en el expediente judicial.
Méndez, reconocido casacambista durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, y su chofer Napoleón Reyes, fueron secuestrados frente al Palacio de la Policía Nacional y posteriormente asesinados el 4 de enero de 1985 y sus cadáveres hallados varios días después cerca del sector Los Frailes.
Del caso, el doctor Marino Vinicio Castillo responsabilizó en esa ocasión al presidente de ese entonces Salvador Jorge Blanco y a una serie de funcionarios civiles y militares de su gobierno. La versión que se ofreció en esa ocasión fue que lo mataron porque era responsable del alza de la prima del dólar de entonces.
Luego de 19 años del hecho, el entonces juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y hoy juez del Tribunal Constitucional (TC), José Alejandro Vargas, envió por ante un tribunal criminal como principal autor del crimen al teniente suspendido de la Policía Uladislao Rodríguez Bautista (El Hippie), pero las autoridades del pasado ni del presente nunca se preocuparon por apresarlo ni a él ni a los demás.
Otros implicados en el expediente fueron Juan Bautista Peguero Santana (Mayo), muerto a balazos durante un intercambio a balazos con la Policía que perseguía una banda de atracadores en Guachipita; Daniel Jorge Infante (El Karateca), fallecido en el 1991, Rafael Vargas Cruz (Rafelito Boca de Cueva), Pedro Alejandro García Berry, asesinado a tiros en Nueva York en junio del 1996, y Pedro Antonio Sánchez Díaz, miembro del denominado “Comando de la Libertad”.
Entre los que se encuentran en estado fuga permanente figura el suspendido teniente de la Policía Uladislao Rodríguez Bautista (El Hippie), sindicado como principal autor del crimen, quien logró evadir de forma permanente la prisión activa tras el dictamen judicial emitido por el juez Vargas.
Bautista Rodríguez (El Hippie) se encuentra desde el 2007 viviendo en Estados Unidos lejos del brazo ejecutor de la justicia dominicana que lo dejó salir del país tras el dictamen dictado en su contra y los otros por el juez Alejandro Vargas.
Dicho imputado salió del país a la 1:15 de la tarde del 21 de marzo de 2007, a bordo del vuelo 618 de American Airlines con destino a la ciudad de Nueva York.
Su salida se produjo luego que el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, intimara al Ministerio Público para que presente las pruebas acusatorias que darían paso a la ventilación de un juicio de fondo por el crimen.
En esa ocasión, la Fiscalía informó que “indagaba su paradero”, aunque lo dejó salir libremente en la fecha señalada.
Ante la intimación del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el fiscal adjunto Francisco José Polanco le dirigió una comunicación a su presidenta Alina Mora de Mármol en la que le informaba que la Fiscalía nombraría un nuevo investigador para que estudie el expediente contra Bautista Rodríguez (El Hippie).
La comunicación fue remitida a la magistrada Mora de Mármol, justificando el nuevo plazo porque el fiscal que estaba apoderado de los procesos en liquidación fue trasladado a la provincia de Santo Domingo.
En octubre del 2006, el juez Vargas, quien investigó el caso, lo calificó como muy difícil para determinar en la actualidad, además de los puestos en causa.
El magistrado alegó que su competencia resultó limitada en el ámbito de la investigación de las acciones delictivas de naturaleza criminal, luego de la entrada en vigencia de la resolución 1920-03 sobre medidas anticipadas, emitida por la Suprema Corte de Justicia, que trata de los principios que rigen el nuevo proceso penal.
A raíz de la decisión, el caso fue a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN, que sorteó el expediente y recayó en el citado tribunal colegiado.
El caso Héctor Méndez es considerado un reflejo de la impunidad de las "estructuras mixtas" (delincuencia común aliada con oficiales militares y policiales) que operaron con fuerza durante la transición política de la década de los 80 en el país
Silvio Cabrera