Los apagones han regresado a un ritmo generalizado porque las autoridades no atendieron las recomendaciones que les hice en el año 2021. Para esa fecha les indiqué que era imprescindible aprovechar la infraestructura existente en la zona este del país e instalar en esa región 450 MW a gas natural que estuviesen disponibles para producir electricidad a partir de 2024.
De manera irracional, el equipo eléctrico del gobierno optó por una licitación que concentraría la mayor parte de las inversiones del sector privado en el proyecto de electricidad a gas natural que se instalaría en Manzanillo, consistente en tres bloques de generación, cada uno de 400 MW, y una terminal de gas natural. Esa decisión se tomó a pesar de que, el 14 de agosto de 2021, se les advirtió en el artículo “Los escollos de la Central Eléctrica de Manzanillo”, publicado en el Listín Diario, que dicho proyecto de generación entraría en línea a inicios de 2026, si no había retrasos significativos, lo cual era poco probable.
El retorno de los apagones llevó al presidente Luis Abinader a emitir el 8 de septiembre pasado el Decreto No. 517-25, mediante el cual se declaró en estado de emergencia el sector energético, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de oferta eléctrica en plazos más cortos que los establecidos en los procesos ordinarios de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Un día después del decreto, llegó al país una barcaza Karpowership proveniente de Cuba, con una potencia de 65 MW. Se estima que el precio monómico sea, al menos, tan alto como los casi 39 centavos de dólar por kWh que registró en promedio entre marzo y julio de 2025 la planta similar instalada en Azua.
Dada la estructura de la tarifa eléctrica y la capacidad de gestión de las EDE, la presencia de la nueva barcaza podría reducir de forma transitoria los apagones, pero lo hará a un precio que incrementará de manera significativa el déficit del sector eléctrico. La incompetencia siempre tiene un costo.
Por: Jaime Aristy Escuder.