Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo, RD.
La Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic), calificó de “reprochable” la actitud del expresidente del Colegio de Abogados, Diego Babado Torres, luego de transgredir la investidura del fiscal adjunto Franklin Céspedes, del departamento de delitos contra las personas de la fiscalía de Santo Domingo Este, durante la vista de una conciliación.
Joel Baldemiro Peña Rojas, presidente de la entidad, condenó todo accionar que vulnere los derechos de los miembros de esa institución y “más si son cometidas en el ejercicio de sus funciones, como es el caso de Franklin Céspedes”, a quien dio todo su respaldo.
En el caso, el gremio que agrupa a los profesionales del derecho pidió a la procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que se investigue el incidente en donde fue arrestado el jurista Babado Torres.
A través de un video que circula en las redes sociales, se observa cómo en medio de una discusión Babado Torres es arrestado mientras dice “lo que me pase a mí, ustedes son responsables”.
El presidente de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera, señaló que todas las partes que intervienen en un proceso están amparadas de derechos y deberes, sin dar lugar a la existencia de privilegio alguno.
No obstante, dijo que cada ciudadano y ciudadana debe reconocer y respetar la investidura de la cual están revestidos, por mandato legal, “como es el caso de los miembros del Ministerio Público en su rol de representantes de la sociedad ante el sistema de Justicia”.
“Hacemos un llamado al respeto del honor y la dignidad de todos y todas y muy especialmente, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad hacia el magistrado Franklin Céspedes”, enfatizó el presidente Adofic.
Baldemiro Peña manifestó que ve con preocupación las diferentes situaciones que, en el pasado reciente, se han presentado y en las cuales se atenta de manera directa contra la dignidad de los miembros del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.
Además, indicó que el fiscal adjunto conoció una vista conciliatoria, en un caso de agresión física en la cual la parte querellante, haciendo uso de sus derechos, depositó un acto de desistimiento en el cual manifestaba su interés de no continuar con la acción judicial, por haber arribado a un acuerdo con la contraparte y el cual fue acogido por el Ministerio Público por ser procedente.
Peña Rojas destacó que esta situación suscitó un desacuerdo con el representante legal del querellante Babado Torres, quien en un accionar legalmente reprochable, procedió a transgredir la investidura del magistrado, lo cual resulta altamente reprochable y como tal las autoridades del orden actuaron en consecuencia.
Asimismo, aseveró que es en el ejercicio de esas atribuciones que los miembros del Ministerio Público tienen el deber de perseguir de oficio los hechos punibles de acción pública, que afecten el bien jurídico protegido por los cánones legales vigentes en la República Dominicana.
Finalmente, consideró que en contraposición a ello, en aquellos casos en los que se dependa de la acción privada para el ejercicio de la acción, tiene la atribución de procurar una solución alterna al conflicto, con miras a garantizar una respuesta oportuna y con inmediatez.